Gastos reservados millonarios en el Concejo Deliberante
Las ex presidencias del PJ tienen abiertas causas penales por fondos millonarios sin rendición. Desde 2009 en adelante la suma alcanza los 70 millones, con 20 sólo en la presidencia de Tomás Rodríguez. Sin embargo, y de acuerdo a las últimas declaraciones del presidente del Concejo Deliberante,
el romerista Ricardo Villada, revisar estos gastos sería “materia del Tribunal de Cuentas Municipal” y no de su gestión. El romerismo adelantaría así su rechazo al proyecto impulsado por el PO para que se realice una auditoría externa en el Concejo Deliberante.
Tanto el PJ como Villada se muestran favorables a una auditoría al Concejo Deliberante pero sólo si es hecha por el Tribunal de Cuentas. El Partido Obrero, por su parte, quiere una auditoría independiente. Profundizando sobre este tema el concejal Borelli explicó: “Es imposible que el isismo se audite y se juzgue a sí mismo. Para colmo, hasta las propias ordenanzas hechas por el PJ lo impiden: la ordenanza 14.386 dice en su artículo 4 que el presidente del Concejo puede ejecutar la partida cuestionada de gastos reservados, la 1.3.1., sin necesidad de rendir cuentas al Tribunal de Cuentas. Es decir que le tiran la pelota a un organismo a sabiendas de que este se inhibirá, escudándose en dicha ordenanza. Es el círculo de la impunidad”.
El Partido Obrero plantea una auditoría financiera administrativa con profesionales en la materia elegidos por los concejales. Borelli puntualizó: “Es una medida esencial y el Concejo tiene absoluta potestad y soberanía para hacerlo. Si bien están eximidos de rendir cuentas al Tribunal, la ordenanza madre en la cuestión, la 6923 del “Régimen Contable Municipal" establece en su artículo 32 la obligación de asentar y registrar con documentos formales todos los movimientos económicos de la hacienda municipal. Una auditoría investigaría estos mecanismos y la existencia o no de comprobantes de gasto y su destino”. El problema es político, el romerismo y el PJ están sentando las bases para cerrar un nuevo capítulo del Pacto por Salta, o sea del pacto por la impunidad y los negociados del poder”.
