La causa que involucra al exgobernador Romero fue ramitida a juicio

La investigación preparatoria que llevó a cabo la Fiscalía, por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública y defraudación, reunió las pruebas necesarias para llevar a juicio oral y público al actual senador nacional.
La causa iniciada al exgobernador y actual senador nacional Juan Carlos Romero por la concesión de un hangar de Aviación Civil a una empresa, propiedad de su entorno familiar, fue remitida a juicio oral y público.
La Fiscalía de Delitos Económicos Complejos, a cargo del fiscal Guillermo Akemeier, quien llevó adelante una investigación penal por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y defraudación en perjuicio de la administración pública, promovió el decreto de requerimiento de la remisión de la causa a juicio.
El caso gira en torno a la concesión de un hangar existente en el Aeropuerto Martín Miguel de Güemes, mediante la firma de un contrato de comodato entre el entonces director de Aviación Civil, Ricardo Funes con la empresa Finca de la Represa, propiedad de Juan Esteban Romero, hijo del exgobernador. De la investigación se deprende que esta empresa servía de pantalla, ya que la verdadera beneficiaria del hangar era la firma Avionsur S.A. de propiedad mayoritaria del senador Romero.
Dicha cesión salió a luz en octubre pasado, cuando el diputado provincial Matías Posadas, dio a conocer detalles de la operación por la cual el exgobernador, 18 días antes de dejar el gobierno en el año 2007, cedió en calidad de comodato el hangar a la empresa de su hijo.
Los imputados en la causa, además, de Juan Carlos Romero, son: Raúl Romero Medina y Ricardo Funes, como cómplices primarios y Juan Esteban Romero como coautor por el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública.
Por su parte, la Fiscalía de Estado, a través de su titular, Ramiro Simón Padrós se encuentra analizando, en virtud de las pruebas que surgen de la investigación preparatoria, los pasos a seguir en cuanto a la demanda civil, por daños y perjuicios al Estado provincial. En este sentido, se evalúa los montos que la empresa Avionsur S.A., que era en definitiva quien hacía usufructo del hangar y que es de propiedad mayoritaria del senador Juan Carlos Romero, dejó de pagar en concepto de canon, a partir de la firma del contrato de comodato.
También, la Fiscalía evalúa acciones cautelares sobre el uso del hangar y la vigencia del contrato de comodato, que podría ser anulado en los próximos días.

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