“Enviaron a nuestros hijos a una muerte segura”.

Padres de las víctimas afirmaron que enviaron a los jóvenes brigadistas porque las llamas amenazaban campos de políticos.

En la mañana de ayer personal profesional de rescate perteneciente a la policía de la Provincia, División Bomberos, con la colaboración de brigadistas municipales y la fuerza del orden público lograron rescatar desde la cima de los cerros del paraje Las Juntas a los cuatro cuerpos calcinados de los brigadistas Víctor Ferreyra, Daniel Vilte, Mauricio Valdez y Martín Albarracín, todos empleados de Defensa Civil.

Finalmente, a las 11.30, los cuerpos fueron descendidos a pulso hasta el casco de una finca, donde la Policía y los funcionarios de Gobierno hicieron el campamento base. Nadie más que las autoridades gubernamentales y los empleados afectados para el rescate pudieron ingresar al lugar, por una terminante orden del Ministerio de Seguridad que impidió cualquier acercamiento de El Tribuno al lugar del siniestro. Hasta los baquianos fueron abandonando la zona antes del descenso de los cuerpos.

La Policía informó a los periodistas de El Tribuno que llegaron con las primeras horas del día, que el acceso para nuestro medio estaba vedado por orden de "arriba".

Las comunicaciones radiales entre los funcionarios del campamento base y los policías encargados de no permitir el acceso para la mirada pública en un hecho con trágicas consecuencias para cuatro familias salteñas, hicieron irritar a los deudos de dos de los rescatistas fallecidos.

Omar Valdez y Martín Albarracín salieron al encuentro de El Tribuno: "Bajamos para denunciar una trama de ocultamiento y negligencia", dijo con llanto y furia Albarracín. "Escuchamos cómo no les permitieron ver lo que nosotros sí pudimos, gracias a que llegamos en horas de la noche. Fue tanto el afán de ocultar la verdad que a los cuerpos, antes que podamos llegar a ellos, los habían acarreado en bolsas negras. Los habían sacado del lugar donde murieron y trasladados hacia otro sitio, aún así pudimos observar que el incendio es de al menos 500 hectáreas y los brigadistas que llegaron a los altos de Guachipas sólo eran seis; sin jefe, sin elementos, sin dinero y lo peor sin experiencia en la zona", denunciaron los padres.

"Los enviaron a la muerte", dijo sin dudar Omar Valdez, quien graficó su horrendo dolor con un guante sintético quemado y la frase: "De mi hijo, sólo me devolvieron esto". Daba la sensación de que su dolor y sus lágrimas habrían apagado el fuego en los altos de Guachipas.

Los familiares, exaltaron la labor de los bomberos y los policías que a pulso bajaron los cuerpos. "Es tan patético esto que Defensa Civil nunca nos avisó de la tragedia, sin embargo el ministro D'Andrea dijo que nuestras familias habían sido contenidas por profesionales. Que quede claro: nos enteramos por El Tribuno y por la TV", denunciaron.

"Es más -dijo Albarracín- llamé horas a Defensa Civil y nadie me atendió. ¡Por favor!" Al borde de la desesperación los papá presentes y otros familiares relataron que filmaron un video casero donde se ve claramente la extensión de la quema de monte y pastizales. "Son al menos unas 500 hectáreas, dijeron. "Allá no hay nada, no hay gente ni hay animales, ni casas en decenas de kilómetros, eso sí, en los bajos están ubicadas las tierra de conocidos Guachipeños", afirmaron.

"Para qué vamos a ahondar más, no querían que veamos adónde habían enviado a nuestros hijos a morir y no querían que la prensa dé a conocer la precariedad de los trabajadores. Les aseguro -dijo Albarracín- que el equipamiento de los chicos era impresentable. Todo esto tiene responsables. La tragedia tiene culpables y todo este dolor no será en vano", dijeron en dúolos papás Valdez y Albarracín.

Pobladores de la zona señalaron que las tierras en cuestión pertenecen a María Ines Diez, exministra de Justicia y actual Defensora Oficial y a su esposo Leopoldo Vancawlaert, exministro de Educación de la provincia.

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