Una crisis de carácter general.
Por Marcelo Ramal
Impulsemos una intervención propia de los trabajadores
La escalada de amotinamientos y saqueos de los últimos días dista mucho de ser una mera ‘crisis policial’. Por las filas del aparato represivo del Estado se ha filtrado una crisis de carácter general, cuya base es el completo derrumbe del modelo económico oficial. El año 2013 termina con una inflación cercana al 3% mensual, una carga insostenible para quienes viven de un salario. La supuesta “preocupación” de funcionarios o voceros capitalistas por la inflación es una gran impostura, toda vez
que la política oficial no para de echar leña al fuego a la carestía. Es lo que ocurre con la acelerada devaluación de la moneda o los tarifazos en los combustibles, que sustentan los acuerdos con Chevron y Repsol. A despecho de estas ! medidas, las reservas netas del Banco Central apenas alcanzan hoy los 20.000 millones de dólares. En un intento desesperado por frenar la sangría, el mismo gobierno que había proclamado la pesificación de la economía avanza ahora en la dolarización de las deudas nacionales y provinciales, lo que anticipa una perspectiva de bancarrota de los estados provinciales en caso de una brusca devaluación. La disolución de la moneda nacional es sólo la expresión de una disolución económica y política de alcance general.
Derrumbe político
Los amotinamientos también han dejado ver el desmoronamiento político y hasta conceptual del gobierno. Capitanich y Cristina han atribuido los motines policiales a una desestabilización golpista. Pero se trata del mismo gobierno y el mismo régimen que viene reforzando a esos ‘desestabilizadores’ a la escala de todo el país. En definitiva, se ha levantado la policía de Granados, se han amotinado los ejecutores de las leyes Blumberg o de los códigos de faltas que permiten actuar incluso contra supuestos “sospechosos”. En pocas horas, quienes gobiernan tuvieron que sacar a relucir los vínculos de sus supuestos ‘guardianes del orden’ con el delito organizado o el narcotráfico. Hay que decir, sin embargo, que los amotinados nunca sacaron! los pies del plato -o sea, del régimen político y social al que sirven. Reclamaron un aumento de salarios para seguir cumpliendo con sus actuales funciones represivas. No puede sorprender, entonces, que los mismos gobernadores que denunciaron un ‘plan desestabilizador’ terminaran cediendo en toda la línea ante los desestabilizadores. Ninguno de ellos podría prescindir de los represores, de cara a la crisis social creciente y a los múltiples negocios y crímenes que unen a las camarillas gobernantes con el aparato policial. Alperovich, que amenazó con juzgar por sedición a la policía tucumana, terminó pactando con quienes conocen los secretos de los casos Lebbos, Marita Verón y muchos otros que involucran a los “hijos del poder”. Apenas cerrado el acuerdo salarial, la infantería tucumana reprimió brutalmente a quienes salieron a manifestar contra la policía y contra! el gobierno. El amotinamiento policial ha llevado al gobierno a tomar medidas adicionales para reforzar el aparato represivo, incrementando el despliegue de Gendarmería y Prefectura. Además, volvieron a la carga con la designación de Milani como jefe del Ejército, al cual los K pretenden devolver protagonismo.
El gabinete del ajuste, en pelotas
Como quiera que sea, los garantes de última instancia del ajuste oficial han terminado asestándole un golpe feroz a ese mismo ajuste y al régimen político que pretendía llevarlo adelante. Los salarios básicos policiales han saltado de 3.500 a 8.500 pesos -o sea, el valor que se calcula actualmente para una canasta familiar. La pretensión de enchalecar los salarios muy por atrás de la escalada inflacionaria ha sido perforada. Hoy, los estatales, enfermeros o docentes de Mendoza, de Chaco, Entre Ríos o Catamarca, entre otras provincias, han salido a la calle con un reclamo elemental: 8.000 pesos de básico para todos. En el plano político, la tentativa de pilotear la transición con un jefe de Gabinete salido de los gobernadores ‘pejotistas&rsqu! o; no ha durado un suspiro. Tuvo que salir al rescate de Capitanich la misma Presidenta que le delegó el poder, precisamente, por haber perdido las condiciones de seguir gobernando en base a un arbitraje personal. La crisis ha dejado ver la disolución política del gobierno, y el caos económico y político a que conduce la tentativa de rescatarlo con un ajuste feroz.
En este cuadro, es necesario que los trabajadores tomen la iniciativa, con un programa y una movilización de conjunto: 82% móvil para los jubilados; doble aguinaldo para activos, jubilados y quienes tienen planes; reapertura inmediata de paritarias; vigencia del convenio principal y pase a planta de tercerizados y precarios; abolición definitiva del impuesto a las ganancias sobre los salarios; ningún despido ni suspensión; universalización de asignaciones familiares; duplicación del monto de los planes sociales; desprocesamiento de los compañeros de Las Heras y de todos los luchadores; juicio y castigo de todos los casos de gatillo fácil e impunidad; derogación de la ley antiterrorista.
La cercanía del 20 de diciembre es la oportunidad para una gran movilización nacional por estos reclamos.
Impulsemos una intervención propia de los trabajadores
La escalada de amotinamientos y saqueos de los últimos días dista mucho de ser una mera ‘crisis policial’. Por las filas del aparato represivo del Estado se ha filtrado una crisis de carácter general, cuya base es el completo derrumbe del modelo económico oficial. El año 2013 termina con una inflación cercana al 3% mensual, una carga insostenible para quienes viven de un salario. La supuesta “preocupación” de funcionarios o voceros capitalistas por la inflación es una gran impostura, toda vez
que la política oficial no para de echar leña al fuego a la carestía. Es lo que ocurre con la acelerada devaluación de la moneda o los tarifazos en los combustibles, que sustentan los acuerdos con Chevron y Repsol. A despecho de estas ! medidas, las reservas netas del Banco Central apenas alcanzan hoy los 20.000 millones de dólares. En un intento desesperado por frenar la sangría, el mismo gobierno que había proclamado la pesificación de la economía avanza ahora en la dolarización de las deudas nacionales y provinciales, lo que anticipa una perspectiva de bancarrota de los estados provinciales en caso de una brusca devaluación. La disolución de la moneda nacional es sólo la expresión de una disolución económica y política de alcance general.
Derrumbe político
Los amotinamientos también han dejado ver el desmoronamiento político y hasta conceptual del gobierno. Capitanich y Cristina han atribuido los motines policiales a una desestabilización golpista. Pero se trata del mismo gobierno y el mismo régimen que viene reforzando a esos ‘desestabilizadores’ a la escala de todo el país. En definitiva, se ha levantado la policía de Granados, se han amotinado los ejecutores de las leyes Blumberg o de los códigos de faltas que permiten actuar incluso contra supuestos “sospechosos”. En pocas horas, quienes gobiernan tuvieron que sacar a relucir los vínculos de sus supuestos ‘guardianes del orden’ con el delito organizado o el narcotráfico. Hay que decir, sin embargo, que los amotinados nunca sacaron! los pies del plato -o sea, del régimen político y social al que sirven. Reclamaron un aumento de salarios para seguir cumpliendo con sus actuales funciones represivas. No puede sorprender, entonces, que los mismos gobernadores que denunciaron un ‘plan desestabilizador’ terminaran cediendo en toda la línea ante los desestabilizadores. Ninguno de ellos podría prescindir de los represores, de cara a la crisis social creciente y a los múltiples negocios y crímenes que unen a las camarillas gobernantes con el aparato policial. Alperovich, que amenazó con juzgar por sedición a la policía tucumana, terminó pactando con quienes conocen los secretos de los casos Lebbos, Marita Verón y muchos otros que involucran a los “hijos del poder”. Apenas cerrado el acuerdo salarial, la infantería tucumana reprimió brutalmente a quienes salieron a manifestar contra la policía y contra! el gobierno. El amotinamiento policial ha llevado al gobierno a tomar medidas adicionales para reforzar el aparato represivo, incrementando el despliegue de Gendarmería y Prefectura. Además, volvieron a la carga con la designación de Milani como jefe del Ejército, al cual los K pretenden devolver protagonismo.
El gabinete del ajuste, en pelotas
Como quiera que sea, los garantes de última instancia del ajuste oficial han terminado asestándole un golpe feroz a ese mismo ajuste y al régimen político que pretendía llevarlo adelante. Los salarios básicos policiales han saltado de 3.500 a 8.500 pesos -o sea, el valor que se calcula actualmente para una canasta familiar. La pretensión de enchalecar los salarios muy por atrás de la escalada inflacionaria ha sido perforada. Hoy, los estatales, enfermeros o docentes de Mendoza, de Chaco, Entre Ríos o Catamarca, entre otras provincias, han salido a la calle con un reclamo elemental: 8.000 pesos de básico para todos. En el plano político, la tentativa de pilotear la transición con un jefe de Gabinete salido de los gobernadores ‘pejotistas&rsqu! o; no ha durado un suspiro. Tuvo que salir al rescate de Capitanich la misma Presidenta que le delegó el poder, precisamente, por haber perdido las condiciones de seguir gobernando en base a un arbitraje personal. La crisis ha dejado ver la disolución política del gobierno, y el caos económico y político a que conduce la tentativa de rescatarlo con un ajuste feroz.
En este cuadro, es necesario que los trabajadores tomen la iniciativa, con un programa y una movilización de conjunto: 82% móvil para los jubilados; doble aguinaldo para activos, jubilados y quienes tienen planes; reapertura inmediata de paritarias; vigencia del convenio principal y pase a planta de tercerizados y precarios; abolición definitiva del impuesto a las ganancias sobre los salarios; ningún despido ni suspensión; universalización de asignaciones familiares; duplicación del monto de los planes sociales; desprocesamiento de los compañeros de Las Heras y de todos los luchadores; juicio y castigo de todos los casos de gatillo fácil e impunidad; derogación de la ley antiterrorista.
La cercanía del 20 de diciembre es la oportunidad para una gran movilización nacional por estos reclamos.
