La violencia del estado responsable de los crímenes de mujeres
Caso Marcela Mamani
Hasta hace unos días este era un caso más de mujer desaparecida, como María Cash o María Esther Maidana, abruptamente se cambio la caratula a homicidio, aunque aun no apareció el cuerpo. Desde el momento de la desaparición había sospechas de que se trataba de un caso de violencia de género, ya que la joven tenía radicadas denuncias contra su novio, Javier el indio Aramayo por golpes y lesiones, incluso
había una orden de restricción del juzgado número 2, que nunca se hizo cumplir, aquella vez fue detenido y luego liberado por falta de merito.
El cambio de caratula a homicidio no fue resultado de la aparición de pruebas nuevas, si no que en el juzgado a cargo del Juez Martin Pérez se obviaron elementos gravísimos durante casi 20 meses.
En primer lugar, se tardo 10 días en tomar la denuncia por desaparición, mientras tanto los policías amigos de Aramayo, pertenecientes a la Comisaría del Barrio San Remo actuaron sin instrucción de ningún juez ni fiscal en charlas informales con el sujeto, poniendo sobre aviso que la joven estaba siendo buscada por su familia
Segundo, Aramayo tenía denuncias de violencia de todas las parejas que supo tener.
Tercero, al otro día de la desaparición de Mamani el 17 /2/12, no fue a trabajar y supuestamente estuvo en su casa.
Cuarto, Aramayo estuvo imputado por el crimen de otra novia de nombre Patricia Gonzales quien apareció brutalmente asesinada en la casa en la que convivían, por este hecho quedo absuelto.
Quinto, cuando Marcela realizo la denuncia por lesiones, tuvo una entrevista con una asistente social quien elaboro un informe en el que declaraba que estaba amenazada de muerte y también su hijo de 5 años y que además Aramayo le confesó el crimen de Gonzales y prometía matarla de la misma forma.
Sexto, teniendo todos estos elementos se perdió más de un año investigando a una tercera persona que no llevo a nada, mientras tanto Aramayo estuvo libre.
Esto es la crónica de una muerte anunciada que nos recuerda al caso de Rosana Alderete o de Julieta Arias en donde el estado en todo momento sabía la situación de peligro para estas mujeres y no actuaron. Objetivamente aquí no estamos ante un caso de inoperancia si no ante una política deliberada de ocultar el verdadero impacto de la violencia a la mujer en nuestra provincia.
Se está produciendo un efecto negativo, se reducen la cantidad de denuncias bajaron desde el 2006 con 24.000 denuncias anuales a 14,000 en el 2012, pero crecieron la cantidad de víctimas, este año ya van 12 mujeres asesinadas por su pareja, 2 de ellas esposas de policías.
Desde el Ministerio de Derechos Humanos se afirma que la clave está en capacitar tanto a policías como a personal judicial en “visión de género” como si eso fuera algo que está en un manual. Una provincia que tiene índices de desocupación de un 12%, trabajo en negro, altas tasas de maternidad adolescentes, 3000 egresos por año por abortos , desapariciones por trata de personas , miles de adictos y ningún narco preso , atropellos que comete la policía como torturas y apremios , lo de visión de género parece un chiste de mal gusto.
La concejal Cerrano dijo al respecto: el problema no es que los jueces son machistas sino que son conservadores, y reproductores del orden establecido por el régimen político, alguna vez se destituyo un juez por su actuación en casos de derechos de mujeres? Claro que no y en el caso Alderete defendieron de manera corporativa a los jueces que ni siquiera actuaron en defensa de los menores y al día de hoy la provincia no paga la indemnización que corresponde por no haber actuado. La violencia a la mujer actúa como disciplinamiento de un régimen social que está basado en la violencia de todo tipo, laboral, judicial y represivo. Es necesario un viraje hacia otra alternativa de poder donde no prime la justicia para las grandes corporaciones y si para las personas.
Para concluir Cerrano fue contundente, queremos presos a todos los responsables de este crimen, queremos que se investigue los vínculos de Javier Aramayo con la policía de San Remo y estudiaremos un planteo de destitución del juez Pérez porque en todo este tiempo tuvo pruebas que incluso podrían haber salvado la vida de Marcela Mamani. Basta de violencia! Justicia para nuestras mujeres!!
Hasta hace unos días este era un caso más de mujer desaparecida, como María Cash o María Esther Maidana, abruptamente se cambio la caratula a homicidio, aunque aun no apareció el cuerpo. Desde el momento de la desaparición había sospechas de que se trataba de un caso de violencia de género, ya que la joven tenía radicadas denuncias contra su novio, Javier el indio Aramayo por golpes y lesiones, incluso
había una orden de restricción del juzgado número 2, que nunca se hizo cumplir, aquella vez fue detenido y luego liberado por falta de merito.
El cambio de caratula a homicidio no fue resultado de la aparición de pruebas nuevas, si no que en el juzgado a cargo del Juez Martin Pérez se obviaron elementos gravísimos durante casi 20 meses.
En primer lugar, se tardo 10 días en tomar la denuncia por desaparición, mientras tanto los policías amigos de Aramayo, pertenecientes a la Comisaría del Barrio San Remo actuaron sin instrucción de ningún juez ni fiscal en charlas informales con el sujeto, poniendo sobre aviso que la joven estaba siendo buscada por su familia
Segundo, Aramayo tenía denuncias de violencia de todas las parejas que supo tener.
Tercero, al otro día de la desaparición de Mamani el 17 /2/12, no fue a trabajar y supuestamente estuvo en su casa.
Cuarto, Aramayo estuvo imputado por el crimen de otra novia de nombre Patricia Gonzales quien apareció brutalmente asesinada en la casa en la que convivían, por este hecho quedo absuelto.
Quinto, cuando Marcela realizo la denuncia por lesiones, tuvo una entrevista con una asistente social quien elaboro un informe en el que declaraba que estaba amenazada de muerte y también su hijo de 5 años y que además Aramayo le confesó el crimen de Gonzales y prometía matarla de la misma forma.
Sexto, teniendo todos estos elementos se perdió más de un año investigando a una tercera persona que no llevo a nada, mientras tanto Aramayo estuvo libre.
Esto es la crónica de una muerte anunciada que nos recuerda al caso de Rosana Alderete o de Julieta Arias en donde el estado en todo momento sabía la situación de peligro para estas mujeres y no actuaron. Objetivamente aquí no estamos ante un caso de inoperancia si no ante una política deliberada de ocultar el verdadero impacto de la violencia a la mujer en nuestra provincia.
Se está produciendo un efecto negativo, se reducen la cantidad de denuncias bajaron desde el 2006 con 24.000 denuncias anuales a 14,000 en el 2012, pero crecieron la cantidad de víctimas, este año ya van 12 mujeres asesinadas por su pareja, 2 de ellas esposas de policías.
Desde el Ministerio de Derechos Humanos se afirma que la clave está en capacitar tanto a policías como a personal judicial en “visión de género” como si eso fuera algo que está en un manual. Una provincia que tiene índices de desocupación de un 12%, trabajo en negro, altas tasas de maternidad adolescentes, 3000 egresos por año por abortos , desapariciones por trata de personas , miles de adictos y ningún narco preso , atropellos que comete la policía como torturas y apremios , lo de visión de género parece un chiste de mal gusto.
La concejal Cerrano dijo al respecto: el problema no es que los jueces son machistas sino que son conservadores, y reproductores del orden establecido por el régimen político, alguna vez se destituyo un juez por su actuación en casos de derechos de mujeres? Claro que no y en el caso Alderete defendieron de manera corporativa a los jueces que ni siquiera actuaron en defensa de los menores y al día de hoy la provincia no paga la indemnización que corresponde por no haber actuado. La violencia a la mujer actúa como disciplinamiento de un régimen social que está basado en la violencia de todo tipo, laboral, judicial y represivo. Es necesario un viraje hacia otra alternativa de poder donde no prime la justicia para las grandes corporaciones y si para las personas.
Para concluir Cerrano fue contundente, queremos presos a todos los responsables de este crimen, queremos que se investigue los vínculos de Javier Aramayo con la policía de San Remo y estudiaremos un planteo de destitución del juez Pérez porque en todo este tiempo tuvo pruebas que incluso podrían haber salvado la vida de Marcela Mamani. Basta de violencia! Justicia para nuestras mujeres!!
