SIN COMPLICIDAD POLITICA NO HAY TRATA DE PERSONAS
Hoy en la reunión de labor parlamentaria se acepto el proyecto sobre tablas que pide la interpelación a los funcionarios municipales a cargo de las habilitaciones comerciales y de nocturnidad, presentado por el bloque de concejales del Partido Obrero. Por lo que el proyecto se trataría en la sesión de mañana.
No es la primera vez que se descubre trata de personas en el centro salteño, en el 2010 se conoció el caso del Pub “UTUTO” que estaba en el corredor de la Balcarce. En el mismo se rescató a 4 mujeres que eran mantenidas bajo amenaza en el local. Aquella investigación se llevó adelante porque las propias víctimas denunciaron y pidieron ser rescatadas. El municipio hizo la vista gorda en todo momento, en aquel entonces quien estaba a cargo de protección ciudadana era Oscar Gandulfo. Nunca se resolvió nada sobre la responsabilidad política del municipio que habilita estos lugares.
En el 2012 el concejo deliberante derogó la vieja ordenanza de prostíbulos y casas de tolerancia con el argumento de crear un instrumento contra la trata de personas, fue “puro circo”. De hecho, el municipio no habilita prostíbulos como actividad comercial sino que la explotación de las mujeres se hace en locales habilitados como confiterías, pubs o confiterías con espectáculo. La municipalidad solo inspecciona las condiciones edilicias del local, nunca se cuestionan si las alternadoras o coperas son víctimas de trata.
La trata de personas solo puede desarrollarse con la complicidad del estado. El hecho que en el local “Terra Nostra” se encontrara el intendente de Salvador Mazza marca brutalmente esta realidad, sea en carácter de cómplice, participe o cliente, esta clara su responsabilidad.
Queremos la interpelación de los funcionarios municipales, porque existen antecedentes de que se vuelven a habilitar locales, aún cuando los dueños están procesados por trata de personas, como ocurrió con el boliche Blue SKY, que volvió a habilitar Cristina Fiore cuando estaba al frente de protección ciudadana.
El secretario de nocturnidad José Núñez dijo que la sanción es una multa y días de clausura, por lo que el local podría ser habilitado nuevamente independientemente de las actuaciones legales.
¿Acaso ahora si será confitería y no prostíbulo? ¿El Intendente Isa desconoce esta situación? Claro que conoce, ya que sus funcionarios son toda gente de su entera confianza
Estamos ante delitos muy graves, en diciembre del 2008 desapareció María Esther Maidana, ella trabajaba en Bar Don Quijote, que está habilitado hace mas de 10 años, en el procedimiento del jueves 14 se allanó y rescato mujeres del local y de la casa de los dueños.
No queremos que la historia se repita, exigimos que los dueños de estos locales sean inhabilitados de por vida para cualquier actividad comercial, porque nada garantiza que no sigan con el negocio de explotación humana.
Las autoridades de la AFIP afirman que la investigación empezó en el 2010 y recién ahora en base a otras pistas se allanó. En estos tres años desaparecieron María Cash, Cintia Jurado, Marcela Mamani y María Esther Maidana, con esta lentitud lo único que se garantiza es la impunidad de los tratantes, que trafican mujeres hacia el interior y exterior del país.
El gobierno nacional es también responsable, al imponer la ley de blanqueo de capitales, permite que el dinero del tráfico humano ingrese al circuito legal, todo cierra con las responsabilidades políticas. La AFIP actuó ante las contradicciones de la declaración de ganancias, si hubiera tributado lo que corresponde ni siquiera serian sospechosos.
El gobierno provincial encubre a Villalba para que no se descubra el verdadero impacto de la trata en Salta, por eso los concejales oficialistas de Salvador Mazza le dieron licencia y preparan la intervención en vez de destituir e investigar los vínculos de este hombre.
El intendente Villalba debe ser investigado, lo mismo el Intendente Miguel Isa y los funcionarios políticos que habilitaron estos locales y tenían la responsabilidad de controlar sus actividades.
No es la primera vez que se descubre trata de personas en el centro salteño, en el 2010 se conoció el caso del Pub “UTUTO” que estaba en el corredor de la Balcarce. En el mismo se rescató a 4 mujeres que eran mantenidas bajo amenaza en el local. Aquella investigación se llevó adelante porque las propias víctimas denunciaron y pidieron ser rescatadas. El municipio hizo la vista gorda en todo momento, en aquel entonces quien estaba a cargo de protección ciudadana era Oscar Gandulfo. Nunca se resolvió nada sobre la responsabilidad política del municipio que habilita estos lugares.
En el 2012 el concejo deliberante derogó la vieja ordenanza de prostíbulos y casas de tolerancia con el argumento de crear un instrumento contra la trata de personas, fue “puro circo”. De hecho, el municipio no habilita prostíbulos como actividad comercial sino que la explotación de las mujeres se hace en locales habilitados como confiterías, pubs o confiterías con espectáculo. La municipalidad solo inspecciona las condiciones edilicias del local, nunca se cuestionan si las alternadoras o coperas son víctimas de trata.
La trata de personas solo puede desarrollarse con la complicidad del estado. El hecho que en el local “Terra Nostra” se encontrara el intendente de Salvador Mazza marca brutalmente esta realidad, sea en carácter de cómplice, participe o cliente, esta clara su responsabilidad.
Queremos la interpelación de los funcionarios municipales, porque existen antecedentes de que se vuelven a habilitar locales, aún cuando los dueños están procesados por trata de personas, como ocurrió con el boliche Blue SKY, que volvió a habilitar Cristina Fiore cuando estaba al frente de protección ciudadana.
El secretario de nocturnidad José Núñez dijo que la sanción es una multa y días de clausura, por lo que el local podría ser habilitado nuevamente independientemente de las actuaciones legales.
¿Acaso ahora si será confitería y no prostíbulo? ¿El Intendente Isa desconoce esta situación? Claro que conoce, ya que sus funcionarios son toda gente de su entera confianza
Estamos ante delitos muy graves, en diciembre del 2008 desapareció María Esther Maidana, ella trabajaba en Bar Don Quijote, que está habilitado hace mas de 10 años, en el procedimiento del jueves 14 se allanó y rescato mujeres del local y de la casa de los dueños.
No queremos que la historia se repita, exigimos que los dueños de estos locales sean inhabilitados de por vida para cualquier actividad comercial, porque nada garantiza que no sigan con el negocio de explotación humana.
Las autoridades de la AFIP afirman que la investigación empezó en el 2010 y recién ahora en base a otras pistas se allanó. En estos tres años desaparecieron María Cash, Cintia Jurado, Marcela Mamani y María Esther Maidana, con esta lentitud lo único que se garantiza es la impunidad de los tratantes, que trafican mujeres hacia el interior y exterior del país.
El gobierno nacional es también responsable, al imponer la ley de blanqueo de capitales, permite que el dinero del tráfico humano ingrese al circuito legal, todo cierra con las responsabilidades políticas. La AFIP actuó ante las contradicciones de la declaración de ganancias, si hubiera tributado lo que corresponde ni siquiera serian sospechosos.
El gobierno provincial encubre a Villalba para que no se descubra el verdadero impacto de la trata en Salta, por eso los concejales oficialistas de Salvador Mazza le dieron licencia y preparan la intervención en vez de destituir e investigar los vínculos de este hombre.
El intendente Villalba debe ser investigado, lo mismo el Intendente Miguel Isa y los funcionarios políticos que habilitaron estos locales y tenían la responsabilidad de controlar sus actividades.