Escudero: “estoy a favor de la reforma del Código Civil, pero faltaron más avances en materia de pobreza”
La parlamentaria señaló, asimismo, que en materia de familia “la reforma era absolutamente necesaria luego de aprobación de las leyes de matrimonio igualitario y de fertilización asistida”. Sin embargo, en cuanto a los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas, sostuvo que el texto le generaba “decepciones y preocupaciones” y sobre esto último pidió “incorporar las tradiciones e instituciones indígenas para la solución de conflictos en situaciones no regladas”.
Por otra parte, Escudero sostuvo la necesidad de reincorporar el concepto de función social de la propiedad, previsto en la redacción original: “no entendemos las razones de su eliminación”, planteó la senadora, y agregó que “estaba en la Constitución de 1949 y está en la Convención Americana de Derechos Humanos que tiene jerarquía constitucional. Está reconocida en 14 constituciones provinciales, una de ella es la de Salta –desde 1986- y ello no significó que se frenaran las inversiones ni se avasallaron los derechos de propiedad de nadie. Se trata de un concepto muy importante, en especial si tenemos en cuenta que 16 millones de argentinos viven en villas y asentamientos, situación que debemos resolver”.
En cuanto a la existencia de las personas, la legisladora recordó que el Pacto de San José de Costa Rica –incorporado en la Constitución- “protege la vida desde la concepción, pero el dilema reside en cuándo empieza la concepción. Hay distintas posiciones. A los efectos del Código Civil, la solución está en el artículo 21 del proyecto que establece claramente que los derechos del concebido o implantado en la mujer quedan adquiridos a quien nace con vida. Tenemos que proteger con una ley especial los embriones no implantados que son seres vivos pero no se puede decir que tengan los atributos de una persona”, afirmó.
Asimismo, Escudero planteó sus disidencias en relación a que “las personas nacidas mediante técnicas de fertilización asistida sólo tendrán derecho a conocer su origen por razones de salud o por razones fundadas que deberá evaluar el juez, lo cual es injusto ya que las personas adoptadas sí tienen garantizado ese derecho. Debiera ser suficiente la simple curiosidad vital”, acotó.
En relación al divorcio express, la senadora salteña planteó sus temores “porque aún no somos una sociedad de iguales. El ejercicio de los derechos de las mujeres no son iguales, todavía, a los de los hombres. Es necesario que los jueces analicen con detenimiento que no haya aprovechamiento del cónyuge más fuerte sobre el más débil, en especial cuando existan convenciones prematrimoniales”, indicó. En esa línea, argumentó que “en la mayoría de los casos la mujer sale del mercado laboral para dedicarse al cuidado de sus hijos, y cuando éstos crecen quedan sin ninguna protección y sólo conservan a permanecer en el hogar si tienen hijos menores o discapacitados”.
Propiedad comunitaria indígena, vivienda, y responsabilidad del Estado
En cuanto a la propiedad comunitaria indígena, la senadora Escudero sostuvo que “el texto hace una pequeña referencia, pero la redacción del Código constituye un retroceso ya que se elimina la obligación a ser consultadas sobre la gestión de sus recursos naturales y los demás intereses que los afecten, contemplados en la Constitución del 94 que no se cumplen”.
Entre las asignaturas pendientes que tiene este código, la senadora mencionó que “debieron incorporarse aspectos para facilitar y reducir los plazos para regularizar la tenencia de la vivienda y de la tierra. De otro modo, seguirán desapareciendo los pequeños emprendimientos rurales y seguirán creciendo las villas de emergencia y los asentamientos urbanos. El Código no trae avances en materia de pobreza y de acceso a la vivienda y la tierra para los sectores vulnerables”.
Finalmente, en cuanto a la polémica exclusión del nuevo Código de la responsabilidad del Estado, que el oficialismo decidió legislar a través de una norma especial, la senadora Escudero sostuvo que: “se diluye la responsabilidad de los funcionarios y empleados públicos a quienes ni siquiera se les aplicará de manera subsidiaria el Código Civil. Vamos a tener un vacío legal si las provincias y los municipios no sancionan sus propias normas, lo que a su vez generará una situación de inseguridad jurídica y se dilatarán los reclamos judiciales”.
Por último, agregó que “la norma que envió el Poder Ejecutivo a Diputados nos quiere hacer creer que defiende a un Estado “débil” frente a las grandes corporaciones, cuando en la mayoría de los casos se trata de un Estado poderoso frente a los particulares. Además, plantea que no deberá responder por daños de los concesionarios de servicios públicos, lo cual es absolutamente inconstitucional ya que el Estado sigue siendo el titular de la prestación del servicio y es responsable de controlarlos”, concluyó Escudero.
